El ELN nuevamente boicotea la negociación de paz

La silla Vacia

El negociador del Gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, trinó anoche un comunicado donde la guerrilla del ELN reconoció el asesinato del gobernador indígena del Chocó Aulio Isarama Forastero en el Alto Baudó el pasado martes. Es una clara violación al cese al fuego pactado con esa guerrilla, que este miércoles debía cumplir un mes. Aunque el Gobierno ya anunció que el cese se mantiene, este episodio muestra nuevamente dos cosas: la vulnerabilidad de un cese del fuego bajo condiciones tan diferentes al cese con las Farc y la habilidad que tienen los elenos para boicotear su propia negociación de paz.

"Deplorable desde todo punto de vista. Y decepcionante", dijo. "El mecanismo de seguimiento y verificación del cese al fuego habrá de pronunciarse; además de los jueces pues es un crimen repudiable.

Ese fue el trino de anoche del jefe negociador del Gobierno. Temprano por la mañana, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, sacó un comunicado a nombre del Gobierno diciendo que ningún incidente “por sí mismo” tenía la capacidad de romper el cese y que más bien se debían hacer los correctivos para evitar que se repitiera. También rescató que el Frente responsable reconociera los hechos y pidiera perdón.

No fue eso lo que hicieron inicialmente los jefes del Eln, que negaron el atentado, a pesar de que los indicios le daban la razón a los indígenas de Chocó que denunciaron el crimen.

También a pesar de estos indicios, que La Silla Pacífico reportó desde el mismo miércoles, a la fecha de esta publicación el mecanismo de verificación de la Onu y la Iglesia no había entregado su informe sobre el crimen que sucedió hace seis días, lo que muestra las dificultades que tiene este modelo de cese del fuego y de hostilidades sin concentración lo que dificulta la verificación internacional de la ONU; y sin el mecanismo tripartito de verificación entre Onu, Gobierno y guerrilla, que no es compensado por la presencia de la Iglesia que según dos fuentes consultadas por La Silla Pacífico, un día después del asesinato no sabía nada pues ocurrió lejísimos de cualquier Diócesis del departamento.

El primer indicio

Según el comunicado de cinco organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, el homicidio del gobernador Aulio Isarama ocurrió en la tarde del miércoles mientras el gobernador estaba recorriendo la comunidad.

En ese momento, cinco hombres armados identificados con prendas del ELN del Frente Resistencia Cimarrón lo intimidaron y “se lo llevaron bajo engaño” diciendo que debía ir a hablar con sus jefes. Dos horas después, la comunidad escuchó tiros y luego el grupo les envió la razón de que podían “ir a reclamar el cuerpo”.

Hasta ayer, ninguna organización civil ni militar había querido atribuir estas acciones al ELN pero esa misma noche, la mesa de conversaciones de Quito envió a una comisión de la Onu para que investigara los hechos, que es su responsabilidad como verificador del cese pactado. Además, como lo contó La Silla Pacífico ese mismo día se anunció que al día siguiente salía una comisión del CTI de la Fiscalía, la Sijín de la Policía y la Infantería de Marina para ir a investigar los hechos. No pudieron salir ese mismo miércoles porque no había suficiente tropa del Ejército para construir un helipuerto.

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Tanto una fuente de la Fiscalía que conoció la denuncia como una fuente del sector humanitario nos dijeron en su momento que la duda es porque en ese sector hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, y según la fuente humanitaria, el resguardo donde fue asesinado el Gobernador es la frontera en disputa entre ambos grupos.

Aún así, la comunidad estaba completamente segura de que lo había asesinado el ELN, según le dijo a La Silla Pacífico Plácido Bailarín Pipicay, miembro de la Mesa de Diálogo y Concertación de los pueblos indígenas del Chocó y una de las personas que viajó por parte de las organizaciones sociales chocoanas a Quito a finales de agosto para reunirse con la Mesa de diálogos de Paz del Gobierno y del ELN.

“Hay presencia de los dos actores pero ellos tienen sus límites, hasta donde pueden”, dijo el mismo miércoles. “Las personas del resguardo dicen que el ELN ha venido haciendo presencia en el territorio y no se han salido [a pesar del cese]. Los indígenas saben por dónde pasa el ELN y por dónde pasan las AGC. Ellos se han estado movilizando por el territorio”.

Agregó que éste no sería el primer hecho violento con el que según los indígenas el ELN habría violado el cese al fuego que este miércoles 1 de noviembre cumple un mes. También dijo que el Gobernador tenía amenazas del ELN.

“El gobernador es un líder que había mostrado resistencia a la oferta de los elenos. Siempre estaba aconsejando a su comunidad que no cooperaran, que no cayeran en ese error. Pero usted sabe que el que tiene el arma tiene el poder”, dijo el miércoles. “Ayer nos enteramos de que hace pocos días había tenido una discusión con el jefe de ellos [ELN] porque mostró rechazo a su presencia en la comunidad. Le dijeron que lo resolvían después”.

Además, agregó -como también decía el comunicado de los indígenas- que el pasado 7 de octubre, ese grupo guerrillero secuestró al docente Jhon Eriberto Forastero, “del que aún no saben nada”.

Y que tiene comprobados tres casos de reclutamiento de indígenas por parte de esa guerrilla en el último mes, aunque no quiso dar más datos para protegerlos. El comunicado de las cinco organizaciones indígenas aseguraba además que hay cuatro líderes amenazados por esa guerrilla.

“Ya no están reclutando menores de edad sino mayores de 18 años, que no hablan español. Si no obedecen, los amenazan de muerte”, contó Pipicay.

Aún así, La Silla habló con una organización humanitaria que monitorea constantemente las acciones armadas en el departamento que dijo que en el último mes no habían tenido ningún registro de acciones atribuibles al ELN.

Lo que sí tenían registrado es el asesinato de un líder indígena en el municipio de Medio Baudó hace 21 días a manos de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, y que causó el desplazamiento de 27 personas de su familia que se fueron a Puerto Meluk, la cabecera municipal.

De ese mismo hecho dan cuenta las autoridades indígenas, según Pipicay, que agregó que el sitio donde ocurrió ese homicidio es a tres horas de distancia por río Baudó del resguardo Catrú, Dubazá, Ancoso donde fue asesinado el Gobernador Indígena anteayer.

Para él, la razón de que nadie tenga información en este momento sobre las acciones del ELN se debe a dos cosas: por un lado, a la negligencia de las organizaciones que están verificando el cese y que “desde el momento en que hicimos la denuncia en Quito las debían estar alertas en el territorio” y a que la misma guerrilla se ha encargado de atemorizar a las comunidades para que no informen los hechos.

“Les dicen que si alguien se entera de lo que ellos están haciendo, los matan. La gente está confinada, hasta les quitan los celulares para que no informen. Están en riesgo inminente. Tienen listas con nombres de los líderes para hacer muertes selectivas, para que las comunidades cojan miedo y permitan que ellos estén allá y recluten”, dice.

Otros indicios

Además de las versiones de las autoridades indígenas, había otro indicio que reforzaba la hipótesis de que los culpables del asesinato del Gobernador Aulio Isarama Forastero habían sido los guerrilleros del ELN: la presencia histórica de Frente Cimarrón de esa guerrilla en esa región del Chocó, específicamente al sur del municipio de Alto Baudó y al norte de Bajo Baudó, según le dijeron a La Silla Pacífico una fuente del sector humanitario y un alto funcionario público que conocen de cerca la situación en el Baudó. Entre el 2016 y lo que va del año, han ocurrido varios hechos que lo demuestran.

Por ejemplo, durante el paro armado que decretó esa guerrilla entre el 14 y el 17 de febrero del 2016, el ELN atacó la estación de Policía de Puerto Echeverry, en el Bajo Baudó y sobre el río Dubasá, por más de 40 minutos.

También, en el Alto Baudó, y según información del Ejército, se han dado las principales bajas y desmovilizaciones del ELN. El 7 de mayo del 2016, cayó alias ‘Franklin’, considerado el máximo jefe del Frente Resistencia Cimarrón en el Alto Baudó; en ese mismo en la vereda Nauca, se desmovilizó alias ‘Camilo’, segundo cabecilla de ese Frente con dos fusiles, una pistola y tres granadas, entre otro material de guerra; y en octubre de ese año y en el corregimiento de Cantil, se desmovilizó un grupo de 24 guerrilleros del ELN que se entregaron a la Armada.

La Defensoría del Pueblo reportó además en enero de este año, que las comunidades denunciaron que en el resguardo donde fue asesinado el gobernador Isarama fueron reclutados por el ELN dos menores de edad. El informe, sin embargo, dice que “se desconoce el total de niños reclutados en esta ocasión por ELN porque esta guerrilla recorrió cada uno de los pueblos indígenas ubicados en la orilla del río Dubasá en busca de nuevos combatientes”.

Todos esos hechos han ocurrido también en medio de enfrentamientos de la guerrilla con las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo (que domina sobre todo el municipio del Medio Baudó, según los reportes de la Defensoría) y que quiere entrar al territorio que domina el ELN. Por cuenta de eso, este año, van 579 personas desplazadas en el Alto Baudó.

Por esta situación, el pasado 30 de agosto, un juzgado de restitución de tierras de Quibdó ordenó medidas cautelares para la protección de los 15 consejos comunitarios afros y los 26 resguardos indígenas que viven en la cuenca del río Baudó. Y le ordenó a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio de Defensa y al Comité de Evaluación de Riesgos (Cerrem) que realizaran de manera urgente un estudio de riesgo para los líderes de esas comunidades, por un lado, y por otro, adoptar medidas colectivas de protección para estas comunidades.

(Aunque el juzgado dio un plazo perentorio de un mes para cumplir con esas órdenes, Plácido Bailarín Pipicay le dijo a La Silla Pacífico que no sabía se ya se habían implementado. Intentamos consultar al Ministerio de Defensa para saber qué habían hecho pero al momento de publicar esta nota no nos habían dado respuesta).

A eso se suma que el Frente Cimarrón ha sido una rueda suelta en las negociaciones de paz que lidera el Comando Central del ELN en Quito con el Gobierno.

Algo que, según las denuncias de las autoridades indígenas, no ha cambiado a pesar de que esa fue una de las principales peticiones que hizo la comisión de organizaciones chocoanas que viajó a Quito el pasado 30 de agosto.

“La delegación de la sociedad chocoana creíamos que al poco tiempo [de la reunión] iba a haber un alivio, que a los pocos días de que se decretó el cese iba a ver un parte de tranquilidad. Pero no. Es como todo lo contrario. Se ha agudizado los ataques contra la población indígena”, dice Pipicay que fue uno de los delegados chocoanos que viajó a Quito.

Como contó La Silla, la rebeldía del Frente Cimarrón a las políticas del Comando Central del ELN quedó en evidencia desde octubre del 2016, cuando el Ejército interceptó una comunicación de alias ‘Fabián’, principal cabecilla del Frente donde dijo “yo estoy con las políticas del Coce, pero no las asumo”.

Y fue el mismo frente que se negó a dejar en libertad al ex congresista Odín Sánchez en octubre del 2016 y sólo lo hicieron en febrero de este año

Por eso, desde antes de que arrancara el cese, había preocupación por parte de las organizaciones sociales de Chocó de que precisamente ese frente que hace parte del Bloque de Guerra Occidental del ELN acatara la orden del Coce, como contamos.

“No creemos que ninguna estructura nuestra tenga que ver con eso. Todas han acatado el cese”, agregó después del asesinato Diego Galvis, vocero de comunicaciones del ELN RANPAL. Anoche, se supo por un blog de ellos que sí habían sido responsables los del frente del Chocó.